Alfredo Nateras Domínguez*

Elizabeth Vidal**

La situación de violencia hacia las mujeres en nuestro país se torna cada vez más grave, realmente es indignante que diariamente desaparezcan en promedio cinco mujeres y sean asesinadas 10. Desde el año pasado (2020) con la declaración de la crisis sanitaria por el COVID-19, la situación se tornó particularmente difícil por su impacto respecto al aumento de las desapariciones y feminicidios. Durante los primeros meses del confinamiento, se observó que los distintos tipos de violencia incrementaron de manera considerable. Por lo que el tema de la violencia de género debe ser prioridad en la agenda gubernamental, pues la máxima expresión de esta, el feminicidio, es una pandemia que se ha extendido a lo largo de los años; realidad que debe dejar de ser silenciada y minimizada. Los feminicidios son la muerte violenta de mujeres por ser mujeres, se trata de un delito producto del sistema patriarcal–machista y que por muchos años se ha normalizado.

En temas de desaparición, cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, señalan que tan sólo hasta marzo de este año (2021) las mujeres desaparecidas eran 4,267 que forman parte de las y los más de 90 mil desaparecidas(os) que hay en el país, de acuerdo a lo expresado en las últimas protestas encabezadas por colectivos y personas que buscan algún familiar en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado el pasado 30 de agosto del 2021.

Por su parte, respecto a los feminicidios informes revelan que actualmente los estados con mayor incidencia son; el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Morelos y Oaxaca. Es preciso señalar que la exigencia porque los feminicidios no queden impunes, no es fortuita, las cifras oficiales señalan que durante el primer semestre del año pasado (2020) –enero a junio– se registraron en el país 2 mil 854 asesinatos de mujeres. De esos, sólo se iniciaron 704 carpetas por feminicidio, esto se debe a que las autoridades muchas veces realizan diligencias que resultan ineficientes, esto pese a que tienen la obligación de llevar a cabo las indagaciones correspondientes con perspectiva de género, sin embargo no lo hacen y caen en la omisión e impunidad en este delito. Actualmente, de acuerdo con el conteo del primer semestre del año 2021 (enero-junio) se contemplan 508 víctimas de feminicidio.

Cada una de las desapariciones y feminicidios que han sucedido en lo que va del 2021 y durante los años anteriores, han desatado la rabia e indignación de la sociedad en general, pero particularmente de las mujeres jóvenes, quienes han hecho el llamado a grandes movilizaciones en todo el país en distintas fechas. El confinamiento no ha sido impedimento para salir a las calles y exigir justicia por cada una de las mujeres que han sido asesinadas y por las miles que se encuentran en calidad de desaparecidas.

De todos los feminicidios lamentables y dolientes, han habido algunos que han tenido gran alcance a nivel mediático, por ejemplo, el caso de Danna de 16 años quien fue asesinada en Mexicali, el pasado 16 de agosto del 2020, y además se padece la revictimización, pues las declaraciones del fiscal general sobre la estética corporal de Danna, no fueron más que argumentos prejuiciosos y discriminatorios que intentaron justificar a los agresores e inculpar a la propia víctima de lo sucedido. Lo anterior es muestra del trato indolente por parte de las instituciones encargadas de llevar los casos de las mujeres asesinadas y sus familias. Lamentablemente esto se repite en la mayoría de las situaciones y son este tipo de declaraciones las que aumentan el descontento de familiares de víctimas, activistas, colectivos, asociaciones civiles y sociedad en general. Por lo anterior, la necesidad por protestar, realizar tomas simbólicas y demás acciones, resulta imperante, ya que a partir de estos actos se busca visibilizar esta realidad que vivimos, a través de pintas y consignas feministas, cruces, afiches de búsqueda de mujeres desaparecidas y pequeñas ofrendas en memoria de las víctimas de feminicidio; estas protestas multitudinarias se han enfrentado también a la represión por parte del gobierno.

Las desapariciones y los feminicidios son delitos que atentan contra los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, dejando estados de miedo, dolor, incertidumbre y angustia persistente. Son las madres quienes se encuentran siempre al frente en cada movilización, han tenido que dejar familia, trabajo y toda una vida para comenzar el tortuoso camino de exigir justicia para sus hijas, que es tardía y parece ser omitida por el Estado. A lo anterior, le sumamos el hecho de que muchas veces son las propias madres quienes realizan las investigaciones para dar con el paradero de él o los agresores de sus hijas, todo esto con recursos propios, pues las autoridades muestran ineficiencia al no seguir los protocolos indicados y con ello retrasan los avances en las carpetas de investigación y omiten pruebas que son cruciales en los casos.

De este modo, hablar de las violencias familiar, acoso sexual, desapariciones y feminicidios, implica también mencionar que están circunscritas en contextos de desigualdad económica, social, problemas de inseguridad y corrupción por parte del Estado; mismos que agravan esta situación y aumentan las condiciones de vulnerabilidad. Por otra parte, las políticas públicas encargadas de erradicar y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres han mostrado grandes fallas que inciden en no garantizar este derecho.

Es necesario visibilizar que esta pandemia de las desapariciones y los feminicidios, continua vigente y existe ya un hartazgo al respecto. Se trata de una problemática que nos ha rebasado y debe tener mayor relevancia en cuanto a su atención. Hacemos un llamado urgente por exigir un alto a los asesinatos de mujeres: no queremos ni una desaparecida ni asesinada más en este país.

*Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa  de la UAM

**Egresada de la licenciatura en Psicología Social de la Unidad Iztapalapa de la UAM

La nostalgia de los orígenes

Uno de los proyectos sociales, comunitarios y culturales más interesantes, innovadores e importantes –en su momento– del ahora Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) –desde 1998, a la fecha, 2021– dirigido particularmente hacia las juventudes de barrios populares y de escasos recursos, ha sido la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS). Sin embargo, actualmente está en una situación de crisis muy fuerte y de legitimidad, extraviados en sus fines iniciales, ahogados en sus intereses partidistas–políticos (léase las tribus de MORENA) y muy alejados de atender los genuinos requerimientos de las comunidades, así como de garantizar el ejercicio pleno de los “derechos culturales” y de abonar para reconstruir “el tejido social y comunitario” muy desgarrado por las violencias estructurales y el crimen organizado, en las que se encuentran bastantes colonias, barrios y la comunidad en sí, de la CDMX.

La Red cuenta con varias sedes, a saber: Aragón, Azcapotzalco, Cosmos, Indios Verdes, Milpa Alta–Miacatlán, Oriente, Tecómitl y Tláhuac. El Director General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaria de Cultura de la CDMX es Benjamín González Pérez y Yojana Jautzin Melchor Campos es la responsable de la Red de Faros, ambos seriamente denunciados en las redes socio digitales por sus irregularidades financieras, corrupción, maltrato, prepotencia, autoritarismo y nepotismo –altos sueldos a familiares, amigos y parejas sentimentales que no cumplen con un perfil comunitario o cultural–, que contraviene flagrantemente el discurso y la narrativa en que fundamentalmente se sustenta la Cuarta Transformación (4T), que pregona cero corrupción y nada de nepotismo, entre otros valores del actual Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Pongamos el asunto en perspectiva; después de más de 22 años de existencia, FAROS representa e implica, por una parte, una comunidad de artistas, creadores, talleristas y promotores sensibles y talentosos, construida y formada a partir de la intervención, el compromiso y el activismo cultural con una inclinación de izquierda, que especialmente a partir del año de 2019, al actual 2021, se encuentran en una situación de precariedad e incertidumbre económica; por rachas de falta de pagos o atrasos considerables, bajos salarios y más que nada por el reciente cambio de régimen, por honorarios al de becarios, es decir, como beneficiarios, lo cual implica, además de precariedad y explotación laboral, que no se les reconoce como Trabajadores de la Cultura ni como maestros, por lo que no tienen seguridad laboral, ni social, aguinaldo u otras prestaciones; por la otra parte, el 28 de enero de 2019, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, crea los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con una política pública, supuestamente en apoyo particular a las juventudes, a fin de construir una mejor sociedad como puntos de desarrollo. La cuestión es que su finalidad es demasiado similar a la de FAROS, en la que también se rigen bajo el concepto de becas–becarios donde entran docentes, talleristas, entre otros, es decir, se está en la total incertidumbre laboral, una especie de outsorcing disfrazado de promotores, donde el sueldo o el salario es un apoyo, es decir, no genera seguridad social.

Lo que el discurso se llevó

Quizás una de las grandes desilusiones de la comunidad artística–cultural en torno a los que trabajan en FAROS y PILARES –talleristas, creadores, promotores– es que los programas culturales que supuestamente beneficiarían a la comunidad en general y a las juventudes en particular, se los está llevando el viento, ya que cada vez están más alejados–descentrados tanto de sus requerimientos y necesidades como de desconocer e ignorar los saberes, los conocimientos, los quehaceres artísticos y culturales de las propias comunidades o barrios. De ahí que la idea de algunos directivos de “llevarles cultura” es francamente jerárquica, poco dialógica y nada de horizontalidad, en el entendido de como si la comunidad o el barrio no tuvieran ciertos conocimientos o saberes “culturales”. Así mismo, da la impresión –por los relatos anónimos de varios Trabajadores de la Cultura de FAROS y de PILARES– que se carece realmente de una planeación estratégica de presente, es decir, en el mediano-largo plazo, por lo que al parecer las actividades desempeñadas son meras ocurrencias –como por ejemplo, ir a apoyar las campañas de vacunación contra el COVID, sin previo aviso–; inventos o caprichos, sin realmente considerar a la comunidad –imponer determinados murales que censuran diversos graffitis en los barrios–; o en otras palabras más claras y precisas: lo que queda de FAROS y ahora PILARES, es que estos programas están siendo utilizados política y partidistamente –suponemos y deducimos por los hechos y evidencias– para la construcción y el abono de la candidatura presidencial de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum –si no ¿cómo se puede explicar el hecho de que talleristas, promotores y creadores, se les obligó a aplicar encuestas para identificar la popularidad o el conocimiento que se tiene de la jefa de Gobierno?–.

Uno de los aspectos centrales del discurso y narrativa de esta 4T es que el nuevo gobierno supuestamente “es diferente” con respecto a los anteriores del período neoliberal, en lo que atañe también –se dice– a las políticas sociales y públicas dirigidas a las juventudes en situaciones de vulnerabilidad, abandono escolar y demás, aunque en los hechos, tal diferencia no pareciera tal, ya que dada la condición laboral en la que se encuentran las y los jóvenes talleristas, se les explota y coloca en una situación de extrema precariedad; se les utiliza políticamente como también lo hicieron los del período neoliberal. Queda realmente que la Secretaría de Cultura y la jefa de Gobierno escuchen y actúen en consecuencia para recuperar uno de los baluartes de las posturas de izquierda: la justicia y la dignidad ante la cultura social y comunitaria.

*Profesor–Investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM