Alfredo Nateras*

La noticia de la detención arbitraria/¿desaparición forzada? violando sus derechos humanos/agredido brutalmente —aunque no lo acepte Miguel Ángel Mancera— del joven/adolescente Marco Antonio Sánchez de 17 años, estudiante de la preparatoria No.7 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocurrida el martes 23 de enero, en la delegación Azcapotzalco, inicialmente se difundió por las redes sociales vía los indignados cibernautas/miembros de varias organizaciones de la sociedad civil y principalmente jóvenes estudiantes; desató la ira e indignación popular, así como el reclamo de su pronta aparición en comunicados de la UNAM y desplegado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), e incluso se articularon varias manifestaciones de inconformidad empezando por la del Ángel de la Independencia, el domingo 28 y paros de varias prepas —la 5 yla 8, entre otras—.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) —totalmente desprestigiadas— de manera increíble —o mejor dicho, creíble por su ineptitud/contubernio y corrupción— se tardaron cinco días para localizarlo —aún con toda su tecnología que nos cuesta millones de pesos a los contribuyentes— ese domingo 28, minutos antes de las 11 de la noche —gracias a una llamada ciudadana— se le encontró deambulando/aturdido —y con otra ropa— en el Estado de México/Tlalnepantla/Municipio de Melchor Ocampo.

Después, fue llevado al Hospital Psiquiátrico J.N. Navarro diagnosticado como deshidratado/hipotermia/Síndrome de Delirium Mixto Secundario. Enseguida, fue remitido al Instituto Nacional de Pediatría, para revisión médica.

Este hecho —inaceptable— hay que interpretarlo —al menos— desde tres vertientes; a partir del suceso como tal/enfatizando el valor simbólico que tiene: lo que representa y significa en el ámbito socio-cultural y, más que nada, en el ánimo individual/colectivo, para una gran parte de nuestra ofendida y sufrida sociedad mexicana.

En primera instancia; hay que situarlo en el contexto de las violencias sociales que se han desbordado/que han estallado, ligado a la inseguridad incontrolable que venimos padeciendo particularmente desde el mandato del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) y de la actual administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Se calcula que de 2006 a la fecha, han sido asesinados más de 200 mil personas en nuestro país. Y el dato más terrible es que de esas muertes, se estima que 120 mil o más, son jóvenes y, de esos, unos 80 mil son adolescentes y jóvenes matándose entre sí. Lo cual nos lleva a afirmar que la tesitura y el matiz de las violencias —de muerte— tienen un rostro muy claro y definido: las y los jóvenes. Estas violencias se materializan: en las familias desplazadas; las desapariciones forzadas; los “levantamientos”; el “feminicidio”; los secuestros; las extorsiones; los asesinatos a mansalva; “el juvenicidio”; las ejecuciones extrajudiciales; los asaltos en la vía pública; las detenciones arbitrarias y la violación constante a los Derechos Humanos.

El segundo aspecto: alude a lo que hemos venido denominando como la criminalización de las juventudes —de ciertas prácticas sociales/de determinadas expresiones culturales/de posturas políticas— como atinadamente lo han declarado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); Organizaciones de la Sociedad Civil —Cause Ciudadano, por ejemplo—; o autoridades universitarias como el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue —Ver, La Crónica de Hoy/1.02.18— o incluso del delegado de Azcapotzalco: Dr. Pablo Moctezuma —Ver, La Jornada/30.01.18— Si bien coincido que estamos frente a la criminalización de las/y los jóvenes —Ver, Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2010-2011 (2012)— el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, es sólo uno más de los cientos y cientos y cientos y cientos, que vienen sucediendo desde hace bastantes años en nuestro país con absoluta impunidad de los cuerpos de seguridad del Estado —Militares/Marinos/Policía Federal/Policía Estatal y Municipal—. Además, otra cuestión no menor: la criminalización de las juventudes no se da de manera homogénea, es decir, no aplica para todas las juventudes, explico: existen más posibilidades sociales y culturales de que un joven, supongamos que este circulando o caminado la ciudad o saliendo de un evento cultural/musical o de un “antro”/discoteca, sea detenido arbitrariamente,“levantado” o golpeado por los cuerpos de seguridad del Estado, si su piel es morena o negroide; si es indígena o del campo;gay/lesbiana; si su estética corporal no es convencional —traer tatuajes/perforaciones y vestir “fachoso”—; si es de clase baja —pobre—; si vive o habita un barrio popular/zona marginal -Ecatepec/Ecatepunk; Iztapalapa/Iztapalacra-; y si además pertenece a una identidad juvenil deteriorada y estigmatizada como ser estudiante, rocanrolero, cholilloo punk.

El tercer aspecto: no basta con revisar los protocolos de conducción de la Policía y de los Ministerios Públicos —como lo propone el Dr. Mancera— ni tampoco invertir más en tecnología de vigilancia, o aumentar policías-el asunto es más grave y complejo-, ya que se trata —a mi parecer— de un asunto de cultura/de actitudes/de comportamientos/de representaciones, en relación a nuestras juventudes especialmente las precarias. Si en el imaginario de las autoridades/de las y los policías prevalece la idea —como hasta ahora— de que un joven es sospechosamente sospechoso de ser joven; de tener enfrente supuestamente a un delincuente -solo por ser joven-; de que es un marihuano y por consiguiente “narco”; o incluso de que afea por su presencia y estética el paisaje neoliberal entonces nada cambiará.

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Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.