Alfredo Nateras Domínguez*

La agresión con premeditación, alevosía y ventaja, cometida por porros—identificados como “Treinta y dos” del CCH Azcapotzalco, “3 de marzo” del CCH Vallejo, la “Federación de Estudiantes de Naucalpan” y, otros— contra varios estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco y de la Facultad de Filosofía y Letras, que se manifestaban pacíficamente a un costado de Rectoría General, en Ciudad Universitaria (CU), el lunes 3 de septiembre, para demandar atención académica y seguridad ante la violencia que han sufrido desde hace tiempo al interior y alrededor de su campus; es realmente inaceptable, indignante y dolorosa: tanto por los daños físicos causados a seis estudiantes, de los cuales dos resultaron con heridas graves, como por lo que significa para la vida social y política de nuestro país.

Quizás lo primero a considerar, sería hacer un ejercicio esquemático de memoria colectiva, con respecto a la pregunta: ¿cuáles son los orígenes y los contextos de tales grupos porriles? ¿Qué propósitos persiguen? ¿Quiénes los financian?

Ubiquémonos entre las décadas de los años 40 y 50 del siglo pasado, donde la vida estudiantil incipiente crítica/participativa —principalmente universitaria— se llevaba a cabo a través de colectivos comúnmente nombrados como Federaciones de Estudiantes. Posteriormente, en los 60 del siglo XX, en adelante, tales configuraciones empezaron abiertamente a ser controladas por varios personajes como las autoridades escolares —directores(ras) de escuelas y rectores—; por los intereses oscuros de algunos partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, más adelante, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y; por algunos sindicatos ,además, tales agrupamientos de los porros, se han vinculado a los grupos de “animadores” de futbol americano —las “porras”— y, ahora con las denominadas “barras bravas” del futbol soccer.

De tal manera que los porros han funcionado como un grupo de choque para desmovilizar y desarticular cualquier legítima demanda estudiantil con respecto a las mejoras educativas o incluso para amedrentarlos cuando se hacen acusaciones de abuso sexual contra algunos profesores o autoridades; o cuando se señalan situaciones de violencia que sufren al interior de los planteles y de sus alrededores, a manos tanto del personal administrativo, de miembros de los sindicatos/vigilancia, como de la delincuencia organizada.

Lo segundo a reflexionar e interrogarse, sería lo siguiente: ¿Quiénes salen beneficiados políticamente al crear deliberadamente este conflicto? ¿Por qué se suscitan estos hechos en el contexto actual de transición pacífica del poder presidencial? ¿Qué nos quiere decir a nivel simbólico, cuando estamos por conmemorar los 50 años del genocidio que llevó a cabo el gobierno autoritario del expresidente Gustavo Díaz Ordaz —expriista, por cierto— en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, 1968?

Probablemente los más beneficiados son todas esas fuerzas cobardes, cínicas, conservadoras y de la ultraderecha clerical que representan los resabios/los residuos del poder autoritario, corporativista y represivo, de lo que queda de la vieja clase política como también sindical, que fue derrotada estrepitosamente en las elecciones pasadas del 1 de julio. Además, lo sucedido el lunes 3 de septiembre en CU, es una provocación descarada en contra de la sociedad civil, por quienes votamos pacíficamente por un cambio de gobierno y de régimen, por otras formas de resolver los conflictos, por acabar con la corrupción/la impunidad, por detener las violencias sociales y pacificar al país. Por lo que a todas luces, también es una “bravuconada” muy delicada contra la nueva administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ayer se conmemoró el terremoto del 19 de septiembre del año pasado; de los 4 años de Ayotzinapa (2014) y del medio siglo de la matanza de Tlatelolco/1968. De tal suerte que del 68 al 2018 la memoria afectiva de la sociedad en general, de una parte de las juventudes estudiantiles en particular, mantiene vivo ese espíritu de activar la acción social, de la movilización y la resistencia —ante la represión e intimidación— a través de los mecanismos de las marchas —como la acontecida el martes 4, donde concurrieron más de 30 mil estudiantes—; de los paros de las escuelas preparatorias, facultades y los CCH, de las asambleas estudiantiles y la interuniversitaria.

Como dice el adagio popular: “No hay mal que por bien no venga”, o “No hay mal que dure cien años”. Paradójicamente, aún con el agravio y el dolor social causado por el ataque de los porros, es el momento preciso para terminar con este “pandillerismo corporativo” de raíz, por lo que esperamos que, así como lo manifestó AMLO, realmente lo cumpla: “Mi gobierno no permitirá grupos porriles: AMLO”. “Tampoco se alentarán en mi gestión; eso se terminará”, afirma (La Jornada, 7 de septiembre, 2018).

El propósito del nuevo gobierno es bienvenido, sin embargo, el riesgo es que: “las palabras se las puede llevar fácilmente el viento”. Por lo que es necesario claridad en cómo y bajo qué mecanismos legales esto se puede —realmente— llevar a cabo. En este sentido, proponemos al menos, las siguientes directrices para encaminarse e ir resolviendo dicha situación; a) seguir con las asambleas estudiantiles interuniversitarias; b) fincar responsabilidades a los autores intelectuales y materiales de la reciente agresión de los porros; c) desmontar los vínculos entre algunas autoridades —directores(as) de escuelas hasta rectores— con los porros, así como con los partidos políticos implicados; d) establecer corredores de seguridad entre las autoridades educativas de los planteles respectivos, con las alcaldías y, de seguridad pública, para detener los robos, los asaltos, el secuestro y el asesinato, contra las y los estudiantes; e) desmontar la liga de ciertas autoridades con los “narcomenudistas” e incluso con algunos miembros del personal administrativo/sindicato de determinados planteles, para frenar la venta de drogas al interior y alrededor de los planteles.

Todas estas acciones requieren voluntad política del estudiantado y de las autoridades correspondientes, a su vez, tienen que estar encaminadas a recuperar el espíritu universitario para resolver los conflictos de forma pacífica/creativa, a través del diálogo y de espacios democráticos incluyentes, porque: “Por nuestra raza, seguirán hablando los espíritus”.

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Profesor-Investigador. UAM-Iztapalapa.