Un toque académico

Un toque académico: hacia la despenalización en el uso social de la mariguana

 
 
Un toque académico: hacia la despenalización en el uso social de la mariguana

Un toque académico: hacia la despenalización en el uso social de la mariguana

 La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy
Alfredo Nateras Domínguez* 

Es claro que el asunto de las drogas ilegales —mariguana, cocaína— es uno de los fenómenos socioculturales más complejos que enfrentan nuestras sociedades contemporáneas y, particularmente, afecta más a los adolescentes y a las juventudes. Un dato elocuente: cuando se revisa cualquier encuesta de incidencia y prevalencia en el consumo de drogas ilegales, de sustancias como la mariguana, éstos aumentan y, las edades de inicio disminuyen, situándose entre los 10 y 12 años de edad. La Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) reporta, considerando a la población total de 12 a 65 años, que el consumo de drogas ilegales y de mariguana alguna vez en la vida aumentó significativamente entre el 2011 y el 2016, al transitar de 7.2% y 6% a 9.9% y 8.6%, respectivamente. Si hacemos un corte en la población de 12 a 17 años, es decir, en los adolescentes, tenemos que el consumo alguna vez aumentó entre 2011 y 2016, de 2.9% a 6.2% para drogas ilegales y, de 2.4 a 5.3% para mariguana.

¿Cómo podemos leer estas cifras? ¿Qué nos quieren decir a nivel de lo latente y de lo implícito? De inicio diría que es evidente el fracaso estrepitoso de las políticas prohibicionistas de drogas, en sus dos vertientes; tanto por la reducción de la oferta —ya que hay un mercado más diversificado y, una mayor accesibilidad a drogas de abuso— y, la reducción de la demanda, ya que tenemos un incremento significativo en el consumo de cannabis, especialmente en las y los adolescentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de presentar el Plan Nacional contra las Adicciones, nombrado: Juntos por la Paz, en los primero días de julio, en el que llama la atención particularmente la siguiente declaración: “vamos a cerrar filas para ayudar a orientar a los jóvenes... en esta campaña para reducir el consumo, que no haya demanda” (Ver, La Jornada, 5 de julio 2019). Si bien es loable la estrategia del Plan Nacional, me parece preocupante porque está muy descolocada y descentrada, en tanto es ingenuo decir que se proponen “que no haya demanda”, a todas luces totalmente inalcanzable. Lo que no se comprende, es que agrade o no, los consumos de drogas ilegales van a seguir —aun con planes nacionales amorosos y programas de buena fe— especialmente en el uso social de la mariguana porque el problema no es el consumo en sí mismo como creen las autoridades, es decir, la dificultad no es el uso de la mariguana —en este caso— sino las condiciones sociales de ilegalidad que llevan a la compra y a su consumo. Por lo tanto, lo que urge, y de ya, —incluso como momento histórico y político invaluable— es despenalizar el uso social de las drogas, empezando por la mariguana.

Hay que recordar que existe una criminalización preocupante contra los usuarios de la mariguana —en particular con las y los adolescentes— ya que por traer cantidades pequeñas para sus consumos, o andar fumando unos porros en la vía pública —calles, parques, conciertos, antros— son detenidos y, por lo común presos, violentando todos sus derechos humanos; en todo caso, es un delito leve, no violento, una falta administrativa. Recordar que un porcentaje significativo de jóvenes está encarcelado por posesión de alguna sustancia ilegal para fines personales, lo cual es inaceptable. En la medida de que se tenga visión y voluntad política para despenalizar el uso social de la mariguana, realmente estaremos protegiendo a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes de los verdaderos narcomenudistas y, por consiguiente, del crimen organizado, que tanto dolor social ha causado en nuestro país, con más de 250 mil muertos, de los cuales cerca de 130 o 140 mil, son jóvenes y, más de 40 mil desaparecidos —uno de cada dos son jóvenes, es decir, por lo menos 20 mil— del 2006, a la fecha y, contando.

De darse este acontecimiento de regulación, contribuiría a desmontar estigmas que excluyen la participación social de los jóvenes y, otras poblaciones, que desde el ejercicio de su libertad al consumo de cannabis, son sujetos de discriminación y de violencias institucionales, por lo que apostamos a que se irán abriendo los espacios adecuados para contribuir a la pacificación paulatina del país y a gestionar relaciones sociales más democráticas, humanas e inteligentes. La regularización del consumo de cannabis, implicaría el replanteamiento de todas las políticas públicas de atención de drogas, incentivar la investigación del uso industrial de la fibra del cáñamo, así como generar una pesquisa básica en relación a las propiedades terapéuticas de las sustancias psicoactivas y no psicoactivas de la cannabis. Cabe aclarar que los daños principales atribuidos a la cannabis, han sido generados por los efectos secundarios, como la adulteración de las sustancias con fines de tráfico y las prácticas de corrupción asociadas, que han sido generadas por la política prohibicionista.

Es clave defender la adscripción identitaria como consumidores y su libre asociación en la construcción de actores, de sujetos sociales de interlocución con otros actores, a partir  de las diferentes acciones y prácticas, vinculadas a sus consumos socioculturales de cannabis. Es necesario afianzar campañas de reeducación dirigidas a los mundos adultos, así como de educación con énfasis en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en la defensa de sus derechos humanos, a fin de ir desarticulando los mecanismos de discriminación que permitan relaciones sociales y espacios más democráticos en la convivencia humana.

Aunando a lo anterior, es necesario implementar programas de reducción de daños, de riesgo y cuidado de sí, que se caractericen por promover el consumo responsable encaminado a la construcción de ciudadanías colectivas y juveniles, asumiendo el ejercicio de los derechos como consumidores y la conciencia de las responsabilidades sociales que ello implica ante la comunidad. Es el momento.

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Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.alfredonateras.com


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